El abogado trenquelauquense y presidente de la Juventud Radical de la Provincia, Martín Borrazás, levantó el teléfono para hablar con OESTE BA sobre el plan de reforma judicial anunciado por el Gobierno Nacional y no ahorró críticas a la iniciativa del Presidente Alberto Fernández. “La duda es si buscan una reforma judicial o un plan de impunidad”, dijo el joven dirigente de Cambiemos.
“El Presidente en campaña dijo a la Corte no hay que tocarla. A la pregunta de los medios respondió: No hay que hacer nada, que la Corte haga de Corte. Está claro que la palabra de Alberto Fernández en temas tan importantes está devaluada. Dice una cosa y hace otra” se quejó Borrazás.
“Frente a reformar la justicia, está claro que se entiende necesaria, pero esta no puede ser usada como una solución para funcionarios comprometidos con causas judiciales. La reforma de uno de los poderes del Estado requiere necesariamente de un acuerdo político previo, éste no es el caso, el gobierno busca llevar adelante “su” reforma”.
“La reforma –siguió- plantea varios puntos, entre los que se encuentra la ampliación de la Corte, cuando años anteriores tanto el presidente como la vicepresidenta defendieron la Corte de 5 miembros y rechazaron su ampliación. En base a esos datos surgen muchas dudas, la principal es si realmente buscan una reforma o un plan de impunidad”.
Además, “mientras anuncian la reforma y la ampliación de la Corte, en el Consejo de la Magistratura llevan adelante una maniobra absurda para sacarse de encima los jueces que entienden en las causas en las que está acusada Cristina. Un atributo esencial de la Justicia es la estabilidad. Sin ella se resiente la independencia que debe tener del poder político de turno. Lo que sucede ahora atenta justamente contra eso: mientras el país está inmerso en una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes, pretenden meter mano en el máximo tribunal y poner la república en manos de una comisión elegida a dedo, que además integra el abogado de la vicepresidente. Una comisión que claramente está convocada desde lo político y no desde lo jurídico”.
“En un momento donde la preocupación de la sociedad es la salud y la economía, la prioridad del gobierno es salvar a sus funcionarios de las causas de corrupción y hacer una reforma a medida de la defensa de corruptos”, concluyó.
