La decisión del gobierno nacional de recortar un punto porcentual la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires, que significará un aporte de más casi 40.000 millones de pesos para la provincia de Buenos Aires, produjo un cortocircuito entre el oficialismo y la oposición, con consecuencias difícilmente dimensionables a pocas horas de producido.
Sin embargo, las consecuencias de tal medida, que comenzó con una dura crítica de muchos intendentes de Juntos por el Cambio, además de la medida cautelara ante la Corte Suprema anunciada por Horacio Rodríguez Larreta, podrían ser más intensas aún en territorio bonaerense.
Es que algunos jefes comunales, como el radical Víctor Aiola, de Chacabuco, quien pidió que «si hay un traslado de coparticipación a la provincia (de los nuevos fondos) para ponerla en marcha, lo que debería suceder es que sea para todas las ciudades que la componen también».
El boina blanca chacabuquense no fue el único que hizo sentir su reclamo. En un tono más irónico, su par de Trenque Lauquen, el también radical Miguel Fernández, deslizó su suposición de que aquellos municipios que no cuentan con Policía local, como el suyo, deberían seguir colaborando para mantener de manera operativa a la fuerza bonaerense.
Al respecto, expresó: «Los intendentes suponemos que dejaremos de hacernos cargo del combustible de los móviles, de sus reparaciones, de alquileres de edificios y otras ayudas habituales que desde hace años hacemos».
Aunque de manera tangencial, también el jefe comunal de La Plata, el macrista Julio Garro, deslizó que los alcaldes de Juntos por el Cambio apuntan a un derrame «hacia abajo», hacia los distritos, del dinero extra que llegará a las arcas de la Provincia.
REVISTA LA TECLA
