La Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen difundió un nuevo comunicado en el que se refieren a la marcha reciente en la que se pidió la “democratización de la justicia” y remarcaron que se trató de un acto público en desacuerdo contra los jueces y no contra la institución de la Corte Suprema.
En un texto titulado “La palabra y el acto” señalan: “El 8 de octubre de 2021, casi cuatro meses atrás, lanzamos una Campaña llamada “Por una Corte Suprema capaz de impartir Justicia”, conscientes de nuestra insignificancia pero convencidos que el silencio no aportaba algo útil a una coyuntura lamentable, en relación con el funcionamiento del máximo órgano del Poder Judicial.
Según el impulsor de la movilización del 1 de febrero de 2022 ante la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), el juez Juan María Ramos Padilla, la idea empezó a gestarse el 15 de diciembre de 2021, y en un mes y medio se cristalizó. Quiere decir que desde aquí estábamos participando de una atmósfera común de preocupación ante la evidente falta de imparcialidad de los cuatro integrantes de la CSJN, y por eso hace unos días expresamos que Trenque Lauquen no podía quedar al margen de las manifestaciones que reclamaron que los sectores del Poder Judicial que parecen estar al servicio del poder económico concentrado den un paso al costado, o sean removidos de sus despachos a través de los mecanismos institucionales previstos.
Las dos decenas de personas que nos reunimos frente al edificio de Tribunales (9 de Julio 54) compartimos un encuentro que resultó provechoso, con el documento elaborado por numerosas organizaciones convocantes en la Plaza Lavalle de C.A.B.A. como eje de la información sobre las indiscutibles deficiencias en las que incurren sistemáticamente Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Porque el problema no es la Corte, sino los jueces que actualmente la integran, por eso aclaramos que la movilización no era “contra la Corte” sino contra la permanencia en esta institución fundamental de la República de cuatro magistrados que han perdido toda credibilidad y aptitud para resolver conforme a Derecho.
No vamos a permitir que sugieran para nosotros, manifestantes de ideas que respetamos escrupulosamente las formas de expresarlas sin violencia, los motes de “golpistas” o “delincuentes”, con toda liviandad. Porque dejamos muy claro qué nos llevaba al espacio público, transparentándolo en sencillos carteles que pegamos, sin dañar la pintura, en las paredes del ingreso a los tribunales locales:
1) “Según cualquier encuesta, esta Corte no le sirve a nuestro sistema democrático… Entonces: ¿A quién o a quiénes sirven Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda?”. 2) “¿Quiénes le garantizan la impunidad a Carlos Pedro Tadeo Blaquier (dueño del Ingenio Ledesma), para no ser juzgado por crímenes de lesa humanidad? ¡Adivinaste! Rosenkrantz, Rosatti, Lorenzetti y Maqueda, además de algunos jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal… Para Blaquier: IMPUNIDAD, pero para un ladrón de gallinas: MÁXIMA CONDENA”. 3) “En Brasil: Sergio Moro. En la República Argentina: Ricardo Lorenzetti, Martín Irurzun, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Julián Ercolini, Eduardo Casal (procurador), Carlos Stornelli (fiscal procesado, pero impune)… Algunos nombres del LAWFARE, que es lo contrario de la JUSTICIA (si alguien duda, que le pregunte a Lula)”.
Todas afirmaciones, además de las contenidas en el Documento Multisectorial #1F leído íntegramente, que nos ligan con un propósito claro de mejora del servicio de Justicia, no con la destrucción de institución republicana alguna.
Los que hoy se llenan la boca hablando de independencia judicial, separación de los tres poderes del Estado y respeto por la Constitución deberían, antes que caer en la descalificación de los que nos animamos a peticionar para que exista alguna vez un Poder Judicial democrático, plural, amplio, accesible, con paridad de género y diverso, explicarnos de dónde salieron las mesas judiciales, las “Gestapos” antisindicales, los jueces de la CSJN designados por decreto como primera opción, el espionaje ilegal sistemático a opositores (e incluso a integrantes de su propia fuerza política) dentro y fuera de las cárceles. ¿Brotaron de algún repollo o se armaron como asociaciones ilícitas al amparo de los cuatro integrantes actuales de la CSJN, de jueces de Casación, de jueces de la Cámara Federal porteña, de juecxs federales de Comodoro Py, de integrantes del Poder Ejecutivo que encabezaba Mauricio Macri, y de legisladores que antes que denunciar encubrían y estimulaban estos mecanismos ilegales, aunque más no fuera mediante sus tuits provocadores?
Lo grave no es manifestarse pacíficamente ante las puertas de un Poder del Estado que desde su cabeza se ha tornado elitista, reaccionario y capaz de avanzar sobre atribuciones ejecutivas y legislativas que no le corresponden. Lo grave es usufructuar el actual estado de descrédito y pérdida de legitimidad autoinfligida de varios magistrados (Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda en primer lugar) queriendo hacerlo pasar por una situación positiva que hay que mantener sin modificaciones.
Este 1 de febrero logramos, en Trenque Lauquen y en muchas ciudades del país, pasar de la palabra al acto. Fuimos miles y miles, acompañándonos y nutriéndonos con razones de peso, plenamente convencidos de que a la República la queremos y la cuidamos mucho más que aquellos que, al “estilo Carrió”, la nombran en cada frase que emiten pero no dudan en boicotearla cada vez que haga falta para lograr objetivos muchas veces inconfesables”.
