“¿Cuándo cobramos?”. Cada mañana, mientras elaboran bizcochitos, palitos de queso o tapas de alfajores, alguno de los trabajadores de la panadería Dignidad Chivilcoy suelta esa pregunta. “¿Cuándo cobramos”, insisten. Quieren saber qué pasa con el sueldo que les debe el Estado desde enero de este año y cuyo monto es el mismo desde febrero de 2023: 28.000 pesos mensuales.
La panadería es el emprendimiento de un taller productivo para personas con discapacidad que funciona en Chivilcoy y le da trabajo a 30 personas. Nació hace 21 años impulsado por la misma necesidad por la que nacieron los 236 talleres productivos que hoy funcionan en todo el país: lograr que las personas con discapacidad tengan un trabajo estable que esté dentro de sus posibilidades y les permita sentirse dignos.
El tipo de emprendimientos que se generan en estos espacios, llamados talleres protegidos de producción, es variable.
Están los que, como en el caso de Dignidad Chivilcoy, se dedican al rubro alimenticio, ya sea elaborando panificados u otro tipo de comidas, u ofreciendo servicio de catering.
También están los que aportan algún tipo de servicio a la comunidad. En Necochea, por ejemplo, la única planta de separación de residuos de esa localidad pertenece a un taller protegido.
Ese emprendimiento, además de reaprovechar plásticos, cartones y otros materiales de descarte, da empleo a 45 trabajadores, todos con algún tipo de discapacidad.
Muchos de los emprendimientos tienen como clientes a empresas o directamente a la ciudadanía. Otros, en cambio, son proveedores, por ejemplo, de un municipio.
Y si bien es variable, en la mayoría de los casos los trabajadores cumplen una jornada de cuatro horas diarias.
Pero más allá de su impacto social concreto, la existencia de los talleres viene a resolver un problema grave: la inclusión en el mercado laboral formal de las personas con discapacidad es ínfima en relación a la cantidad de personas en edad económicamente activa.
Si bien existe una ley, la 22.431, que establece que el 4% de los empleos del Estado están reservados para personas con discapacidad, esa disposición no se cumple. Y en el sector privado no existen incentivos para la inclusión laboral de este colectivo.
Según datos oficiales de 2023, en la Argentina hay 1.594.888 personas que poseen el Certificado Único de Discapacidad. De ellas, el 55,4% tiene entre 15 y 64 años. Y de ese universo, unas 883.568 personas, apenas el 12,6%, o sea 111.329 dijeron tener trabajo.
¿Deberían cobrar 117.800 pesos?
Detrás de los talleres protegidos de producción, en la mayoría de los casos hay organizaciones de la sociedad civil muy frecuentemente motorizadas por padres de chicos con discapacidad que se cansan de peregrinar. De los 263 talleres, la mayoría (unos 186) funciona en la provincia de Buenos Aires.
Hay dos instrumentos que regulan la actividad de los talleres.
La primera es la ley 26.816 de “Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad”, que prevé una asignación mensual estímulo, no remunerativa, equivalente al 40% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, para cada trabajador con discapacidad, monto que hoy ascendería a 117.800 pesos. De esta ley, sancionada en 2012, solo se cumple uno de los artículos, el que habilita a las personas a percibir una jubilación mínima a partir de los 45 años y después de tener 20 años de servicio.
El otro instrumento es el Programa de Asistencia a los Trabajadores de los Talleres Protegidos de Producción, que había sido creado en 2006, es decir, antes de la sanción de la ley, y sigue vigente. Brinda una contraprestación económica que denominan peculio y que son los 28.000 pesos mensuales que los trabajadores no cobran desde enero. También debería brindarle a los espacios asistencia económica para la contratación de personal de apoyo y para la adquisición de maquinarias o herramientas, cosa que no ocurre.
Durante la sesión informativa del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que fue el 16 de abril, el presidente de la comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, le preguntó al funcionario, entre otros temas, sobre el retraso en el pago.
Francos reconoció la demora e informó que los cuatro pagos adeudados se abonarían junto al pago de mayo. También explicó que, si bien los trabajadores deberían cobrar el equivalente al 40% del salario mínimo tal como especifica la ley, esa norma no está reglamentada.
“El Ministerio de Capital Humano informa que habiéndose sancionado la Ley 26.816 de “Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad” y encontrándose la misma en vías de reglamentación, se ha definido prorrogar el Programa de Asistencia a los Trabajadores de los Talleres Protegidos de Producción hasta la efectiva entrada en vigencia de la citada ley”, puede leerse en su informe, en el que no especifica fecha de reglamentación. Tampoco dice nada sobre lo irrisorio del monto del peculio.
Nota Diario La Nación
