La interna de la UCR bonaerense sumó un nuevo capítulo judicial luego de que el sector que encabeza Miguel Fernández pidiera a la Justicia electoral la nulidad del adelantamiento de las elecciones internas. Sin embargo, el juez federal Alejo Ramos Padilla rechazó la medida cautelar solicitada para suspender de manera inmediata esa decisión.
El actual presidente del Comité de Contingencia de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires presentó una demanda ante el Juzgado Federal con competencia electoral para impugnar las resoluciones adoptadas en la reunión autoconvocada del Comité de Contingencia y luego convalidadas por la Convención de Contingencia el 6 de marzo.
Desde su sector sostienen que esa reunión se realizó por fuera de los mecanismos previstos en la Carta Orgánica del partido, ya que el artículo 74 establece que la convocatoria a sesión corresponde al presidente del órgano dentro de los plazos previstos. Según argumentan, ya existía una convocatoria formal para el 12 de marzo, por lo que consideran que la autoconvocatoria carece de sustento reglamentario.
En ese marco, Fernández solicitó que se declare la nulidad de la autoconvocatoria y de la resolución 001/2026, que dispuso adelantar las elecciones internas al 7 de junio, cuando originalmente estaban previstas para el 6 de septiembre de 2026 como parte del proceso de normalización partidaria.
Desde el sector del dirigente radical afirmaron: “La democracia interna no consiste solamente en votar, sino también en respetar las reglas bajo las cuales se vota”.
El juez rechazó la cautelar pero sigue el expediente
En paralelo al pedido de nulidad, los dirigentes habían solicitado una medida cautelar urgente para suspender los efectos de la reunión partidaria realizada el 6 de marzo y de las decisiones tomadas en ese ámbito.
Sin embargo, el juez Alejo Ramos Padilla rechazó ese planteo al considerar que no estaban acreditadas las condiciones necesarias para dictar una medida urgente en esta etapa preliminar del proceso.
En su resolución, el magistrado recordó que las medidas cautelares en materia electoral son excepcionales y deben analizarse con especial prudencia. Además, señaló que todavía no cuenta con todos los elementos de juicio necesarios para evaluar la validez de la reunión partidaria, por lo que consideró prematuro suspender la decisión adoptada por los órganos partidarios.
En ese contexto, el juez resolvió no intervenir de forma preventiva y dejar que la discusión sobre la legalidad del acto partidario se analice al estudiar el fondo del caso.
La resolución fue celebrada por sectores opositores a Fernández, que señalaron que la decisión judicial ratifica la validez de lo resuelto por el Comité y la Convención de Contingencia, que aprobaron el adelantamiento de las elecciones con quórum y mayoría.
Ahora se abre el debate sobre la legalidad de la reunión
Aunque la cautelar fue rechazada, el expediente judicial continúa en trámite y ahora se abrirá el debate de fondo sobre la legalidad de la reunión del 6 de marzo.
El juez corrió traslado de la demanda por cinco días al partido, a través de sus apoderados, para que respondan el planteo presentado por el sector de Fernández.
En esa respuesta deberán pronunciarse sobre distintos puntos clave:
La validez de la autoconvocatoria del 6 de marzo.
La interpretación del artículo 74 de la Carta Orgánica respecto a quién puede convocar a sesión.
La legalidad de la resolución que adelantó las elecciones al 7 de junio.
Si el cronograma electoral aprobado el 30 de octubre de 2025 podía ser modificado.
Aunque el rechazo de la cautelar representa un revés para la estrategia judicial de Miguel Fernández, la definición final dependerá de lo que determine la Justicia electoral cuando analice el fondo de la controversia, lo que terminará de definir el cronograma electoral para el recambio de autoridades en el radicalismo bonaerense.
Letra P
