La Provincia de Buenos Aires concretó la transferencia de la primera parte a los 135 municipios por un total de $13.010 millones, en cumplimiento de la Ley N° 15.561. Se trata de fondos no reintegrables y de libre disponibilidad, lo que otorga margen de maniobra a los intendentes en un contexto fiscal ajustado. Este primer pago corresponde al 8% de un bono en pesos por hasta $232.338 millones.
El reparto se realizó en base al Coeficiente Único de Distribución (CUD), la fórmula que pondera variables como población, capacidad tributaria y necesidades básicas. En este esquema, los distritos más grandes vuelven a concentrar la mayor porción de la masa transferida.
En la cima del reparto aparece La Matanza, que recibió $856,46 millones, el monto más alto de toda la provincia. Le siguen La Plata con $412,39 millones y Malvinas Argentinas con $412,78 millones. También figuran entre los principales beneficiarios Lomas de Zamora ($396,61 millones) y Merlo ($385,17 millones).
En el otro extremo, los municipios de menor escala demográfica y económica reciben partidas considerablemente más bajas. Tordillo encabeza este grupo con apenas $8,23 millones, seguido por General Guido ($12,12 millones) y Lezama ($15,12 millones).
Los municipios de la región recibieron:
Trenque Lauquen 98.8 millones
Pehuajo 96.44 millones
Villegas 86.26 millones
Rivadavia 51.12 millones
Tres Lomas – $20,48 millones
Pellegrini – $20,64 millones
La lógica del CUD explica estas diferencias: al priorizar indicadores estructurales, el sistema tiende a reproducir la escala de cada distrito. Sin embargo, intendentes de municipios chicos suelen cuestionar que el esquema no contempla con suficiente peso las rigideces de sus presupuestos ni las dificultades para generar recursos propios.
Los fondos transferidos provienen de la primera colocación de bonos realizada por la Provincia en el mercado local, en el marco de la ley vigente. Este punto no es menor: implica que parte del financiamiento subnacional se apoya en endeudamiento, trasladando hacia adelante el costo fiscal de estas transferencias.
En términos políticos, el carácter de “libre disponibilidad” de los recursos refuerza la autonomía municipal, pero también abre la discusión sobre los mecanismos de control y el destino efectivo de los fondos. Sin condicionamientos específicos, cada intendente define prioridades, desde obra pública hasta gasto corriente.
Así, la distribución vuelve a poner en evidencia una tensión clásica del esquema bonaerense: la necesidad de asistir financieramente a todos los municipios sin alterar —o incluso profundizando— las desigualdades estructurales entre el conurbano y el interior.
