Autoridades provinciales recorrieron el CFL N°402

Autoridades provinciales encabezaron una recorrida por el Centro de Formación Laboral N°402, en el marco de una jornada de trabajo que reunió a distintos referentes del área educativa y laboral bonaerense. Participaron Ezequiel Berrueco, secretario ejecutivo; Cecilia Soiza, subsecretaria de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires; y Liliana Meretz, directora del IPFL.
Durante la visita, Soiza remarcó el crecimiento sostenido de la matrícula en los centros de formación laboral de toda la provincia. En ese sentido, explicó que desde el área se trabaja fuertemente en la territorialización de la oferta educativa, en conjunto con el sistema educativo provincial. «Llevamos los cursos teniendo en cuenta la crisis en aquellos distritos donde tenemos la demanda», señaló en una entrevista con Canal 12, y agregó que también se contemplan las necesidades del sector productivo para definir la cantidad de trabajadores que requiere cada desarrollo económico local.
La funcionaria sostuvo que la crisis atraviesa el día a día de las instituciones, y que la demanda de determinados oficios —como el de cuidadores— crece de manera constante, en paralelo al aumento de las problemáticas de salud mental que atraviesa la sociedad. Frente a ese escenario, afirmó que la provincia mantiene el compromiso de sostener la formación pública, gratuita y de calidad. «El esfuerzo desde la provincia es enorme, porque desde Nación no se está bajando ningún recurso», subrayó.
FINANCIAMIENTO NACIONAL
Uno de los ejes centrales de la recorrida fue el reclamo por el recorte del financiamiento nacional destinado a la formación profesional y laboral. Soiza detalló que la provincia contaba con un traspaso legal de fondos para insumos y equipamiento, que desde 2024 comenzó a subejecutarse hasta ser directamente eliminado este año por un artículo de la ley de presupuesto nacional.
Según precisó, en 2024 se ejecutó apenas el 5% del fondo correspondiente, mientras que en 2025 la ejecución fue directamente nula. Con la primera ley de presupuesto aprobada por la actual gestión nacional, el Capítulo 2, artículo 30, derogó de manera puntual el financiamiento previsto en la Ley de Educación Técnico Profesional. «El peor antecedente desde que se aprobó esa ley fue la gestión de Macri, que ejecutó un 50% de lo que establecía la norma. Acá directamente fue un 95% de no ejecución en 2024 y una no ejecución total en 2025», comparó la subsecretaria.
Soiza explicó que ese financiamiento —al estar establecido por ley— se distribuía de manera automática, y que su eliminación afecta a todo el universo de la Educación Técnico Profesional (ETP), que incluye escuelas técnicas, agrarias, institutos superiores y los propios centros de formación profesional y laboral, entre ellos los CFL y los CFP.
ENTIDADES SINDICALES Y CIVILES
La funcionaria remarcó que, ante el retiro de fondos nacionales, la provincia asumió el compromiso de sostener el sistema junto con las entidades conveniantes, en su mayoría sindicales, aunque también municipios y asociaciones civiles. En el caso del CFL N°402, destacó puntualmente el rol de la Fundación UOCRA, cuya inversión permite cubrir insumos junto con el Estado provincial. «Sin esa inversión, sería imposible dar respuesta a las necesidades de nuevas capacitaciones», afirmó.
Del universo de la formación profesional bonaerense forman parte 223 centros de formación laboral conveniados, que según explicó Soiza vienen resintiendo la actualización de herramientas y nuevas tecnologías a raíz del recorte de los planes de mejora nacionales. La funcionaria advirtió además que la falta de financiamiento condiciona la planificación anual de cada institución: «Cuando ya sabés que no vas a contar con insumos ni financiamiento, empieza a haber una tensión entre los oficios que necesita cada región para la empleabilidad y lo que el centro efectivamente puede ofrecer con la infraestructura disponible», concluyó.
LA CONFLICTIVIDAD LABORAL
Soiza también se refirió a la tarea que lleva adelante la Subsecretaría de Empleo frente al cierre de fábricas y empresas —en su mayoría pymes— que se viene dando de manera cotidiana en la provincia. Explicó que desde el área se recepta primero la conflictividad, se evalúan las vías jurídicas disponibles y luego se intenta intervenir con los recursos existentes para sostener las fuentes de trabajo, aunque reconoció las dificultades del contexto actual: «Se nos está haciendo muy difícil poder acompañar a todos los trabajadores que hoy están quedando en la calle».