Zona Fría: Gómez Lasso defendió la medida y dijo que se “ordenan” los subsidios

Aseguró que la medida no elimina la asistencia a los sectores vulnerables, sino que busca focalizar los subsidios según el nivel de ingresos.

El concejal de la Libertad Avanza Leandro Gómez Lasso publicó un posteo en el que defendió la decisión del Gobierno Nacional de quitar el beneficio de zona fría para las tarifas de gas en Trenque Lauquen y la región, y dijo que en realidad se trata de “ordenar los subsidios para cuidar a quienes realmente los necesitan”.
En un posteo en redes sociales, el edil escribió: “El Senado de la Nación acaba de aprobar la reforma del Régimen de Zona Fría.
Y como concejal de La Libertad Avanza creo que es importante decirlo claramente: esto no es quitarle la ayuda al que la necesita, es terminar con un sistema de subsidios generalizados que terminó haciendo pagar a todos para beneficiar también a quienes no necesitaban ese subsidio.
En 2021 se amplió el régimen de Zona Fría a numerosas localidades del país, incluyendo municipios de la Provincia de Buenos Aires. La propia normativa extendió el beneficio a distintas subzonas definidas bajo la norma IRAM 11603/2012.
El problema es que el beneficio pasó a otorgarse fundamentalmente por dónde vivía una persona y no por su capacidad económica.
Y ahí aparece una pregunta que debemos hacernos: ¿Es justo que todos los argentinos paguen un cargo en su factura de gas para subsidiar también a hogares de altos ingresos?
Un trabajador de bajos ingresos de una provincia que no recibe el beneficio podía terminar financiando, a través del sistema, parte del consumo de un hogar de altos ingresos ubicado en una zona beneficiada. Eso no es justo, o justicia social como les gusta decir.
La nueva reforma cambia esa lógica, se mantiene la protección para las regiones históricamente comprendidas en el régimen de frío extremo —como la Patagonia, Malargüe y la Puna— y se establece una asistencia focalizada para los hogares vulnerables en el resto del territorio.
El nuevo esquema establece como criterio de acceso al subsidio, entre otros supuestos, que los ingresos netos conjuntos del hogar sean iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales. También contempla hogares con un integrante que tenga Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o Certificado Único de Discapacidad, en este último caso sujeto a la evaluación correspondiente.
Es decir: el que realmente necesita ayuda, la sigue teniendo.
Y hay un dato que permite dimensionar el cambio, según las estimaciones del Gobierno difundidas durante el tratamiento de la reforma, de los aproximadamente 3,4 millones de usuarios incorporados al régimen en 2021, en un acto populista de Máximo Kirchner, que solo buscaba un oportunismo político con fines electorales para ganar votos en zonas que no eran de frio extremo, alrededor de 1,6 millones dejarían de recibir el beneficio generalizado por zona, hogares de altos ingresos (más de 3 canastas básicas), mientras que aproximadamente 1,8 millones continuarían recibiéndolo bajo el nuevo esquema. Hogares que realmente lo necesitan.
Por eso, también es necesario poner en contexto las afirmaciones de que la reforma simplemente “perjudica la vida de millones de argentinos”.
La discusión es más compleja, No se trata solamente de cuántos usuarios dejan de recibir un beneficio territorial, sino de cómo se determina quién necesita realmente la asistencia y cómo se utilizan los recursos públicos.
Y esto es particularmente importante para la Provincia de Buenos Aires, durante años se incorporaron localidades al esquema sin que el criterio de ingreso fuera el elemento central para determinar quién necesitaba la asistencia.
Ahora la discusión vuelve a ser: ¿A quién tenemos que ayudar?
Al que no puede pagar, no al que simplemente tuvo la suerte —o la circunstancia— de vivir dentro de un área subsidiada.
Porque los recursos del Estado salen de los bolsillos de todos, y cuando el Estado gasta más de lo que puede sostener, alguien termina pagando la cuenta: con más impuestos, más deuda, emisión o inflación.
Los subsidios no son gratis, y tampoco es gratis sostener durante años un sistema que no genera los incentivos necesarios para que haya inversión y expansión de infraestructura.
Lo vemos en nuestros propios municipios: vecinos que todavía esperan obras de extensión de la red de gas mientras discutimos cómo sostener esquemas de subsidios cada vez más costosos.
Por eso, ordenar los subsidios también significa liberar recursos para invertir, ampliar redes y mejorar los servicios.
Desde La Libertad Avanza defendemos una idea muy simple: Los recursos públicos tienen que llegar a quien realmente los necesita, no se trata de abandonar al vulnerable. Se trata de identificarlo, asistirlo y garantizar que la ayuda llegue a él.
Porque subsidiar a todos puede parecer solidaridad, pero subsidiar al que realmente lo necesita es justicia. Y ordenar el estado también es una forma de cuidar los recursos de todos los argentinos”.

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