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24 de marzo: Memoria, Verdad y Justicia el reclamo en la ciudad

Organizado por la Comisión de Derechos Humanos de Trenque Lauquen se realizó una nueva marcha a 43 años del sangriento golpe militar. A continuación un fragmento del documento leído como conclusión del acto:

“El reclamo que acumula más de cuarenta años, exigiendo Verdad y Justicia partiendo del ejercicio de la Memoria para las víctimas del genocidio perpetrado por la última dictadura cívico-militar en la República Argentina tuvo en Trenque Lauquen una referente sin la cual no podríamos asegurar que la lucha hubiera sido tan perseverante. Esta persona formó con muchos otros familiares de desaparecidos el primer Organismo de DDHH que existió aquí: la COMISIÓN DE DDHH, que presidió durante una década (1984-1994), aproximadamente. Entre otros resultados de las actividades de aquella Comisión, las esculturas de la Plaza de la Memoria (Plaza Francia) resisten el paso del tiempo desde hace un cuarto de siglo.

Con esos frutos de la lucha colectiva que encabezó durante diez años, Elena pudo haberse sentido “con el deber cumplido”. Pero no fue así. Por eso, a finales de la “década de la impunidad” menemista (año 1999) la vimos en una nota de un noticiero televisivo local clamando por el acompañamiento de la comunidad a la exigencia de Verdad y Justicia con la que los familiares de desaparecidos intentaban enfrentar la creciente indiferencia (que sucesivos Gobiernos de distintos partidos y alianzas estimulaban con sus políticas de Estado pro impunidad). Elena interpelaba a sus vecinos porque sentía que el olvido estaba ganando la partida.

De modo que lo más probable que pudo ocurrir, de no haber estado Elena “agitando las aguas” en aquel momento, con sus 70 y pico de años a cuestas, es que la actual COMISIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS jamás hubiera existido. Por lo que lejos de protagonizar hoy la decimonovena Marcha desde la Plaza San Martín hacia esta Plaza o la de la Memoria, quién sabe cómo podríamos balancear lo hecho en Trenque Lauquen en los últimos veinte años para mantener vivo el recuerdo de los trenquelauquenses asesinados por el Estado genocida entre 1976 y 1983.

Pero esta admirable persona (cuya foto llevamos a la Marcha del 8M, sumándola simbólicamente al imparable movimiento que exige más derechos para todas las mujeres) no podía ser remitida a la condición de Madre de pañuelo blanco. Porque antes de la dictadura, Elena, junto con otra empleada doméstica que la secundaba, se puso al hombro una campaña de afiliación de mujeres que trabajaban en casas de familia, buscando organizarlas en un sindicato que les permitiera tener más derechos. ¡Imagínense tamaña “herejía” para el pago chico (Trenque Lauquen en la década de 1970): que dos empleadas domésticas fueran tocando timbres y pidieran entrevistarse con la empleada de la casa para que supiera qué derechos le asistían como trabajadora doméstica!

 

Hoy, cuando desde la Casa Rosada se promueve la “ley de la selva” y el “sálvese quien pueda”, la figura de Elena se agiganta. Porque ella anduvo 41 años y medio con su tragedia individual y familiar a cuestas, pero ni antes del fatídico 15 de junio de 1977 en el que secuestraron a Rodolfo (junto con Héctor y Ricardo) ni después de aquella madrugada brutal dejó de estar atenta para dar una mano a quien lo necesitara, sensibilizándose con las angustias de vecinos cercanos y lejanos. Para Elena Taybo, como para Rodolfo Pettiná, la Patria era cada prójimo necesitado, la República no era una entelequia esgrimida para defender privilegios sino un conjunto de instituciones que debían servir a las mayorías, a todos independientemente de la fortuna de haber nacido en cuna de oro o en una casilla precaria. Por eso lo desaparecieron a Rodolfo, por eso Elena ha quedado en la historia grande de Trenque Lauquen.

Elena tenía claro que el país había sido empujado hacia un túnel sin luz al final. Hace menos de 10 días, en la Plaza de Mayo, la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) presentó su informe anual sobre la situación represiva nacional. En ese informe la CORREPI planteó lo siguiente: “Para acompañar la avanzada económica sobre la clase trabajadora y el pueblo, el gobierno ejerció todo tipo de medidas y acciones contra quienes protestan. Represiones a manifestaciones de trabajadores que se enfrentan al ajuste y despidos, represión a estudiantes, feriantes, jubilados, docentes. Una activa política judicial de persecución, cambios legislativos de los códigos provinciales y penales, resoluciones ministeriales, decretos y declaraciones del Poder Ejecutivo. La histórica pero creciente saturación de policías en los barrios pobres y la avanzada descomunal de detenciones arbitrarias. Todas medidas pensadas para controlar a quienes podrían rebelarse, y reprimir a quienes lo hacen”. Durante tres años, el gobierno elevó el índice de personas asesinadas en manos del Estado: de una cada 29 horas en 2015, a una cada 21 horas a finales del 2018”.

“En relación con la persecución que el Poder Ejecutivo nacional desata sobre Jueces que lo investigan, desde nuestra Comisión queremos expresar claramente que apoyamos al Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Lo hacemos porque es un Juez militante de nuestra propia causa. Hace pocos días, en el Congreso de la Nación, Ramos Padilla dijo que lo acusan de “ser militante”, y que su militancia consiste en no faltar jamás a la cita los 24 de marzo, en la Plaza de Mayo. Ojalá que hoy haya podido cumplir con ese rito, que considera necesario para sostener la democracia en la República Argentina. Dudamos si este año habrá podido estar, porque viene siendo objeto de un feroz hostigamiento por parte del Gobierno nacional, que no tolera el avance de la investigación que lleva adelante este Juez valiente, comprometido con la Verdad y la Justicia. Ramos Padilla investiga la banda que integra, entre otros, el falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio, una organización paraestatal de espionaje ideológico, político y judicial en la que existen fundadas sospechas de participación de dos fiscales: Carlos Stornelli y Juan Ignacio Bidone. El Gobierno nacional está haciendo lo imposible por encubrir el accionar de Stornelli, al punto de pretender la destitución del Juez Federal de Dolores. Un abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, para nada afecto a gestiones anteriores, ha dicho que “solicitar el juicio político del juez Ramos Padilla implica un suicidio institucional del Gobierno, que lo asemeja a las peores prácticas del kirchnerismo y es un avasallamiento de la independencia del Poder Judicial”. Gil Domínguez agregó: “No luchamos tantos años por la República para terminar así”. Tendría que admitir Gil Domínguez que la gestión Cambiemos no sólo está terminando así: comenzó así, avasallando instituciones (nombrar dos jueces supremos por decreto fue apenas el primer ejemplo de muchos). Somos millones los que estamos asqueados de estos manejos, y debemos demostrarlo poniendo el cuerpo en la calle, porque ya destituyeron a Arias y obligaron a Rozanski a retirarse. Consideramos que el día que consigan destituir a Ramos Padilla se habrá firmado el acta de defunción del Estado de Derecho”.

 

Foto gentileza Diario Nep