Un fiscal dispuso la medida contra los sindicalistas por el delito de compulsión a la huelga y serán indagados a comienzos de junio. Alejandra Bada Vá
Un fiscal dispuso la medida contra los sindicalistas por el delito de compulsión a la huelga y serán indagados a comienzos de junio. Alejandra Bada Vázquez, titular de la empresa, dijo que “valió la pena pelear para irse librando de la mafia sindical
El fiscal de Trenque Lauquen Martín Butti imputó y llamó a indagatoria este martes a 5 sindicalistas de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) que participaron del bloqueo a la empresa Lácteos Vidal, acusados del delito de compulsión a la huelga.
Se trata de un nuevo traspié judicial contra ese tipo de protestas extorsivas que se registra en forma simultánea a la marcha atrás del Gobierno en su decisión inicial de impulsar la penalización de los bloqueos contra las empresas, que estaba incluida en el DNU 70 y en el primer proyecto de Ley Bases, pero luego se quitaron del texto para conformar a la CGT y facilitar la sanción parlamentaria.
Lácteos Vidal es una pyme de la provincia de Buenos Aires, que en 2022 fue bloqueada por ATILRA durante casi dos meses por haberse negado a recategorizar a algunos empleados. La protesta extorsiva realizada en la planta en la localidad de Moctezuma, en el partido de Carlos Casares, derivó en la decisión de la empresa de despedir a 26 trabajadores y pedir el desafuero de tres delegados, mientras que la justicia obligó a la pyme a reincorporar a los despedidos y fijó una indemnización de $10.000 por día por cada empleado que fuera reintegrado a su puesto. La abogada que representa a Lácteos Vidal es Florencia Arietto, quien fue una de las artífices del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), en cuya conducción figura la dueña de la pyme, Alejandra Bada Vázquez.
Los 5 imputados por el fiscal Butti, que serán indagados entre el 3 y el 17 de junio, pertenecen a la seccional Trenque Lauquen de ATILRA: Gastón Moreno es secretario general de esa filial; Sergio Longo, secretario adjunto; Osmar Damico, empleado de Lácteos Vidal y delegado de planta; Cristian Martín, empleado de Lácteos Vidal y vocal suplente del sindicato, y Marcelo Yedro, empleado de Lácteos Vidal y vocal titular del gremio. Se suman a Diego Alarcón, vocal titular de ATILRA Trenque Lauquen, ya imputado en agosto de 2023.
Según los abogados de la empresa, estas imputaciones son “el resultado de 2 años de investigación penal por los hechos ocurridos el 18 de julio de 2022 en la Usina Lácteos Vidal, ubicada en Moctezuma, partido de Carlos Casares; donde un grupo de personas identificadas con el gremio de ATILRA, dirigidas por el secretario general, Gastón Emilio Moreno, sin aviso, intimación o reclamo previo bloquearon los accesos de entrada a la fábrica (que se encontraba con los silos colmados de leche por el fin de semana y próxima a pudrirse) impidiendo el ingreso y la producción”.
Agregaron que “instalaron dos carpas de 12 metros cuadrados en propiedad de la empresa, hubo música, bebida y comida, apedrearon la casa del encargado, tajearon cubiertas de autos, se apostaron en las esquinas y frente a los domicilios de trabajadores circulaban en vehículos con las patentes tapadas, seguían y filmaban a camioneros y asesores”. Y destacaron que los responsables del bloqueo contra Lácteos Vidal “ejercieron innumerables formas de intimidación y violencia contra quienes querían ejercer su derecho de trabajar” y que “mantuvieron la empresa inoperante durante meses”.
Bada Vázquez, titular de la empresa, dijo a Infobae: “Siento que se va haciendo justicia, que se va sabiendo la verdad de lo que pasó, que no fue una huelga lo que hicieron en Lácteos Vidal sino un bloqueo extorsivo, salvaje, donde se cometieron diversos delitos. Ahora el juez tiene más elementos y pruebas para saber que esos actos de violencia no fueron por una medida de fuerza ya que no tenían motivos porque estaban con los sueldos y cargas sociales al día y bien categorizados”.
“Con el tiempo este las cosas se van esclareciendo -señaló la empresaria- y cuando hay un bloqueo extorsivo, además de hacerle mucho daño a la empresa y a los empleados, también se pone severamente en riesgo la fuente de trabajo. Lamentablemente hubo varias empresas que se terminaron fundiendo por culpa de la mafia sindical con estos bloqueos”
Al recordar el bloqueo que sufrió hace dos años, Bada Vázquez sostuvo que “hay que estar un lunes cuando te bloquean la empresa, cuando está toda la leche del fin de semana y como es perecedera después se pudre, y los tipos aplican esta extorsión para determinar que no se trabaja, que no entran los camiones, que no dejan entrar a la gente que quiere trabajar”. “Por eso nosotros decidimos resistir -resaltó-, no pagar ese rescate y ahora siento que valió la pena ser honesto con uno mismo, que valió la pena dar la pelea, defender a la gente que quería entrar a trabajar y, en definitiva, valió la pena pelear por la libertad para conseguir de a poquito irse librando de la mafia sindical”.
Bada Vázquez elogió el papel que ejerce contra estas protestas extorsivas el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), presidido por Juan Méndez y que ella integra desde que sufrió el episodio de 2022. “Es un antecedente más para la lucha que estamos llevando a cabo con el MEAB para no dejarnos someter por la mafia sindical -enfatizó-. Me siento muy orgullosa de pertenecer a la comisión a la que entré cuando tuve este problema. Son las cosas locas de este país donde entre los empresarios tenemos que darnos una mano porque a veces la justicia está un poco ausente”.
Acerca de la eliminación de las sanciones contra los bloqueos de la Ley Bases, la empresaria lo calificó como “una oportunidad perdida”, aunque manifestó su “esperanza de que a la larga va a quedar firme” el contenido original de la iniciativa. Destacó que “todo el DNU está vigente menos la parte laboral, aunque la Corte lo va a terminar convalidando porque es urgente y necesario”. “Las leyes laborales son del año 74, ya tienen más de 50 años, de cuando no había ni fax -puntualizó-. Hoy están totalmente desactualizadas, en un país donde la mitad de la de la población es pobre y la mitad de los que tienen empleo es informal. Es una cuestión de tiempo y si no sale por la Corte, seguramente más adelante los legisladores lo van a tratar y van a ampliar los artículos de la Ley Bases”.
Nota y foto Infobae