DD.HH. adhieren al pedido de juicio político contra integrantes de la Corte

Hace mucho que lo venimos denunciando: los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son indignos del cargo que ostentan (nunca olvidaremos que dos de ellos fueron capaces de beneficiar a un asesino genocida con el beneficio del 2×1). En tiempos donde sólo se valora la…

Hace mucho que lo venimos denunciando: los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son indignos del cargo que ostentan (nunca olvidaremos que dos de ellos fueron capaces de beneficiar a un asesino genocida con el beneficio del 2×1).

En tiempos donde sólo se valora la instantaneidad, y cada novedad sepulta a la anterior con diferencia de minutos, son más valiosas que nunca antes las trayectorias que se desenvuelven durante meses y años, aportando claridad en medio de la confusión de medios y redes que desinforman.

Adherimos enfáticamente a la decisión del Poder Ejecutivo nacional y de, como mínimo, la mitad de los Poderes Ejecutivos provinciales, que resolvieron impulsar el juicio político a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz (ambos firmantes del 2×1 para el asesino genocida Luis Muiña), Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda (que se han sumado a los anteriores con fallos que ostentan afinidad político-partidaria indudable).

Nos ha sorprendido gratamente la firmeza con que algunos gobernadores sostienen el pedido de juicio político a estos cuatro jueces parciales; pensamos que los mandatarios provinciales interpretan cabalmente el concepto de federalismo, que la mayoría de las poblaciones de la República Argentina anhelamos desarrollar, para zafar del centralismo porteño que acumula indebidamente recursos y provee de dirigentes que llegan desde la jefatura de gobierno de CABA hasta la Casa Rosada, con resultados desastrosos para la sociedad argentina (Fernando de la Rúa y Mauricio Macri son ejemplos de ese «legado» porteñocéntrico, que ha sumido a todxs lxs argentinxs en el endeudamiento, la miseria y la pulverización de las instituciones de la República).

Por lo antedicho, que se suma a lo que venimos comunicando desde hace muchos años al respecto, consideramos que no solamente lxs diputadxs y lxs senadorxs deben enjuiciar a Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti: los casi cincuenta millones de ciudadanxs argentinxs tenemos que hacernos cargo de la tarea de remover de sus tronos a estos cuatro jueces escandalosamente carentes de imparcialidad, que se creen reyes en pleno siglo XXI, y a la vez siempre sirven a los dueños del dinero.

Texto de la Comisión por los Derechos Humanos, Trenque Lauquen.

Otras noticias

reims
coope
hcd
Pampero