Por: Carlos Prono
Presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Trenque Lauquen
A menudo, y quizás con mayor frecuencia de la deseada, nuestra profesión sucumbe al ritmo de anuncios con fuerte timbre apocalíptico como para espantar hasta el más distraído de la cuestión. Invariablemente estos momentos –estamos transitando uno actualmente- tienen como único sostén especulaciones electoralista, pues la lanza venenosa viene patrocinada bajo el lema de dar inmediata solución a la problemática de alquileres –al otro día de sancionada la ley- y de las dificultades de una gran mayoría de habitantes que no logra ni soñar con el anhelo del techo propio –en cosita de un par de meses, como mucho-.
Como los actores se van reciclando, la “iniciativa” vuelve al ruedo sistemáticamente, como para tirar un globo de ensayo y sumar algún poroto, que nunca están demás y siempre vienen bien. Nunca dio los resultados esperados, así que seguramente nuevos capítulos están por salir a escena.
Lo más insólito de la cuestión, es que la profesión de martillero y corredor público, es la más liberal de todas las profesiones. Se trata de prestar un servicio profesional por algo –en el plano inmobiliario- que quien lo contrate podría hacerlo sin nuestra intervención y obviamente sin tener que pagar absolutamente nada.
No sólo hay libertad de contratación en el sentido de elegir a quien quiera o considere el mejor, sino que esa libertad se extiende en nuestro caso hasta la mismísima decisión de contratar o no contratar a la hora de alquilar o vender/comprar un inmueble. Nadie está obligado a concurrir a un profesional matriculado para resolver su necesidad de alquiler o venta.
Está claro que no somos “de consumo obligatorio” para la sociedad, con lo que lejos podríamos alterar variables del mercado inmobiliario ni mucho menos encarecer las transacciones cuando el objeto sea una propiedad. Como la película de los salvavidas con forma de certificado de defunción ya la pasaron en todos los canales y plataformas y ni en las mejores versiones digitales tiene buen rating, la cosa se va desinflando hasta otra oportunidad.
Pasó hace unos años cuando la cuestión central eran los alquileres y el resultado fue una ley que afectó tanto a locadores como a locatarios. Incluso algunas provincias –no la de Buenos Aires- fueron por más y prohibieron a los profesionales del sector percibir honorarios de los inquilinos, logrando así aumentos en los cánones locativos. Total, una mancha más…
Sí claro, los profesionales se han preparados para que el servicio prestado sea considerado “no obligatorio, pero sí necesario” por parte de quienes deciden alquilar, vender o comprar. Se paga por la prestación de un servicio con todo el respaldo y garantías, para que el camino tenga un final feliz lejos de contratiempos y sorpresas desagradables que suelen impactar de lleno en el plano económico y en el emocional también.
Por qué y para qué los Colegio
En ciertas ocasiones también los embates incluyen a los colegios profesionales. Desde los orígenes de la Nación, las provincias conservan la facultad de reglamentar el ejercicio de cada profesión en su territorio. Así quien reciba un título profesional tras su tránsito por una universidad, deberá dar cumplimiento a las normativas vigentes conforme el lugar –provincia- donde quiera ejercerla. Nación otorga los títulos y la condición para SER y las provincias las matrículas para EJERCER. En la mayoría de los casos, las administraciones provinciales optaron los delegar esas facultades que básicamente constituyen el gobierno de la matrícula y la potestad disciplinaria, y así surjieron los colegios profesionales.
Bajo su figura de entidades de derecho público no estatales (creadas por ley pero sin asistencia económica ni financiera), tienen la obligación del controlar que el ejercicio profesional se haga en el marco legal y la potestad disciplinaria para someter a juzgamiento a quienes reciban denuncias por presuntas mala praxis (función similar a Defensa del Consumir, pero en el ámbito profesional).
Ambas tienen por finalidad la defensa de los intereses de la sociedad en cuanto a ofrecerle garantías de operar con profesionales legalmente matriculados. Con lo que de prosperar algunas iniciativas parlamentarias que apuntan a los colegios, será la comunidad la que pierda esas garantías de tranquilidad para caer en un marco de “libertad total” donde cada uno pueda hacer lo que quiera o mejor le parezca -conforme sus intereses- y donde la historia y las estadísticas ya sentencian que ganan y pierden siempre los mismos.
