El Concejo Deliberante buscará este viernes reglamentar infracciones y penalidades para los que no cumplan con las normas del Covid a través de la sanción de una ordenanza que además crea un cuerpo de agentes municipales que tendrán poder de policías para generar sanciones y clausuras..
La iniciativa parlamentaria con origen en el bloque de concejales de Juntos por el Cambio, se funda en la “situación de emergencia pública en materia sanitaria en relación con el coronavirus (COVID-19) y su impacto económico y social y la necesidad de garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas para evitar su propagación”
Menciona que el coronavirus “supone un aumento del riesgo de la salud pública y exige una respuesta inmediata para contener la enfermedad e interrumpir la propagación y el contagio, siendo entonces necesario proteger a toda la población, y en especial a los más vulnerables y evitar las sobrecargas del sistema de salud, utilizando todos los instrumentos legales que el ordenamiento jurídico prevé y que contribuyan a alcanzar dicho objetivo”.
Y que por tal motivo “resulta conveniente establecer un régimen de infracciones y sanciones relativo al incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, a fin de garantizar el efectivo acatamiento y cumplimiento de las mismas”.
En los artículos de la norma señala, qué acciones son consideradas infracciones entre las que se encuentra el incumplimiento de la obligación del uso de tapabocas, de la distancia física, de los protocolos del horario de apertura y cierre de establecimientos y actividades establecido por las autoridades competentes”, entre otras.
También reglamenta que el Municipio “designará agentes públicos investidos del poder de policía preventivo a fin de hacer cumplir las medidas que se dicten en el marco de la Emergencia Sanitaria por el Coronavirus. Los referidos agentes podrán requerir directamente el auxilio de la fuerza pública, cuando ello resulte necesario para los fines del cumplimiento de la presente”.
Lo producido de las multas servirá para financiar programas sanitarios.
