El conflicto entre Lácteos Vidal y la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) sumó en las últimas horas un nuevo capítulo judicial. El Juzgado Nacional del Trabajo N°69 dictó un embargo preventivo por $168 millones sobre la pyme, tras casi tres años de disputa y un extenso proceso de bloqueo sindical.
En diálogo con Agrofy News, una de las dueñas de la empresa, Alejandra Bada Vázquez, calificó la resolución como “totalmente arbitraria y fuera de tiempo” y advirtió que “si me embargan la cuenta, no voy a poder pagar los sueldos ni los aguinaldos”.
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Según explicó, el juez Ramonet calculó una multa diaria (astreinte) de $50.000 por cada trabajador no reincorporado, aunque —según Bada Vázquez— el monto correcto debería ser $10.000. “El cálculo lo presentó Atilra y el juez no lo corrigió. Encima ordena el embargo justo antes de la audiencia de conciliación”, señaló.
Además, denunció que el magistrado encargado de la causa ya se había excusado previamente en un tramo del proceso por percibir honorarios del sindicato. “Todo está mal hecho. Hay errores en las cautelares. De los 26 empleados que despedí, a los que tenían fueros nunca los eché y les sigo pagando hace tres años”, agregó.
Actualmente, solo quedan 8 empleados en litigio (ya que con el resto se alcanzaron acuerdos particulares) y, según la empresaria, la misma Justicia reconoció que no se puede reclamar al mismo tiempo una indemnización y la reincorporación.
“Apelamos el embargo y fuimos en queja a la Corte Suprema. Si me sacan la plata, después no me la devuelven aunque la Corte falle a nuestro favor”, alertó Bada Vázquez.
El conflicto, que comenzó en agosto de 2022 con bloqueos y protestas en la planta de Moctezuma, sigue trabando la actividad normal de la pyme, que d nuevo teme por la continuidad de sus operaciones.
Nota y foto Agrofy News
Otro capítulo del conflicto: le dictaron un embargo por $168 millones a Lácteos Vidal
Alejandra Bada Vázquez, una de las dueñas de Lácteos Vidal, denunció «irregularidades» en la causa y dijo que el embargo fue impulsado con «un cálculo mal hecho».

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