El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°69, a cargo del juez Ignacio Ramonet, resolvió la vigencia de la medida cautelar que exhorta a
El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°69, a cargo del juez Ignacio Ramonet, resolvió la vigencia de la medida cautelar que exhorta a la empresa Lácteos Vidal a reincorporar a los trabajadores despedidos en el marco del conflicto gremial con ATILRA, que arrastra la firma hace años. El magistrado elevó las multas a la empresa y pidió que se investigue a su dueña, Alejandra Bada Vazquéz por «desobediencia».
El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°69 falló a favor de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (ATILRA), en el marco del conflicto judicial por despidos en la empresa Lácteos Vidal, ubicada en Carlos Casares.
El juzgado a cargo del José Ignacio Ramonet, señaló la vigencia de la medida cautelar otorgada hace dos meses y que exhortaba a la firma a reincorporar a los trabajadores despedidos de forma ilegal.
La empresa encabezada por Alejandra Bada Vázquez, desoyó la resolución judicial, por lo que Ramonet pidió que se investigue a la dueña de Lácteos Vidal por la posible comisión de “desobediencia” a las resoluciones del tribunal, en el marco del artículo 239 del Código Penal.
El juzgado ratificó los pedidos de los reincorporación de los trabajadores despedidos en la empresa y elevó las astreintes por incumplimiento de la resolución por parte de la firma, de $10.000 a $50.000 por día a cada trabajador, a partir de la resolución y en caso de que la empresa no cumpla con reinstalar el personal a sus puestos de trabajo en los siete días siguientes.
Ramonet señaló en su fallo que “la demandada nunca cumplió desde el momento en que quedara firme la orden de reinstalación de los trabajadores, podría configurarse la situación normado por el art.239 del Código Penal, corresponde, y así lo dispongo, enviar oficio vía DEOX a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal de Instrucción, a fin de que, por donde corresponda, investigue la posible comisión de este delito ante el incumplimiento de la manda judicial”, subrayó el magistrado.
Hace poco más de dos meses, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó las apelaciones de la empresa para evitar el pago determinado por la justicia en primera instancia, lo que significó un duro golpe para la defensa a cargo de la abogada vinculada al macrismo, Florencia Arietto.
A partir de allí, la empresa se quedó sin la posibilidad de presentar nuevas apelaciones sobre el caso, pero no cumplió con la orden del juzgado, por lo que el conflicto continúa encendido hasta el día de hoy.
Desde la defensa de la empresa, se intentó argumentar que quienes incumplieron la ley, mediante acciones gremiales, fueron los trabajadores despedidos, argumento que no pudo sostenerse en los tribunales y que, a partir del último fallo, podría volverse en contra de Bada Vázquez.
Nota y foto Mundo Gremial