El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) denunció esta tarde la grave situación en los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires. Lo hizo durante la exposición de sus informes sobre las personas privadas de libertad en las cárceles y comisarías bonaerenses, encuentro que tuvo lugar en el Salón «Nunca Más» de la Cámara de Senadores provincial, en La Plata. Presentados por Juan Manuel Irrazábal, presidente del Comité, los comisionados Josefina Ignacio y Gustavo Palmieri dieron cuenta de la «violación estructural de los Derechos Humanos en cárceles y comisarías de la provincia», respectivamente.
En cuanto a las cárceles, las condiciones edilicias colocan en riesgo la salud y la vida de las personas. El sistema carcelario de la provincia padece «una grave situación de sobrepoblación». Según el informe, al 30 de mayo de 2019 había 43.445 personas privadas de su libertad en unidades penales, más 1.029 en alcaidías departamentales y 1.963 con monitoreo electrónico. De ese total, el 48,79% no contaban con condena firme. El informe plantea que la declaración de la Emergencia Penitenciaria y la firma del Convenio Marco de Cooperación entre los ministerios de Justicia de Nación y provincia, mediante el cual se establecía un cronograma de traslado, no pudo completarse debido a la emergencia declarada en el Servicio Penitenciario Federal.
Por otro lado, el aislamiento o «buzón» continúa siendo «una de las prácticas más extendidas y perniciosas, ya que se afecta la dignidad de las personas y el respeto de sus derechos». En las «celdas de admisión» con régimen de confinamiento las estadías superan ampliamente el mes de alojamiento. En este sentido, el Comité menciona el caso de la Unidad 2 de Sierra Chica, en Olavarría. Allí se hallaron personas privadas de libertad en celdas de aislamiento cumpliendo sanciones disciplinarias con 22 horas de encierro diario en espacios reducidos; sin luz natural, agua potable, ni sanitarios; sin acceso a las actividades contempladas para el período de tratamiento que dispone la Ley de Ejecución de Penas.
En cuanto a las muertes bajo custodia, se observa un aumento con relación a años anteriores: 119 en 2014 contra 133 de 2018. «Preocupa al Comité que en 2018 se detecta un gran crecimiento en los fallecimientos caratulados como ?averiguación de causal?».
Otro punto destacado son los denominados «informes criminológicos». «Las falencias detectadas en la producción de estos informes hacen que continúe siendo uno de los principales obstáculos para el acceso a los diferentes derechos que establece la ley».
En salud, los servicios de sanidad inspeccionados no cuentan con recursos humanos e insumos para la asistencia primaria de pacientes en cantidad suficiente. Respecto de la salud mental, se evidencian altos niveles de depresión, «motivados muchas veces en ansiedades específicas vinculadas al desconocimiento del estado procesal del caso que motiva la privación de libertad, incertidumbre, escasa presencia de defensores que genera sensación de abandono y desvalimiento percibido como el desamparo cruel». El Comité destaca que la gran mayoría de los entrevistados indicaron haber solicitado atención psicológica, sin éxito alguno. Sobre la alimentación, el suministro de alimentos resulta insuficiente en cantidad y frecuencia, y deficiente en calidad.
La situación de las mujeres se agrava, ya que suelen ser madres y sostén de hogar. Muchas de ellas indican haber sufrido amenazas por parte de los efectivos del SPB, «quienes amedrentan con prohibir el contacto con sus hijos/as si no se comportan de determinado modo». Respecto de la «población trans y cis», personas trans narraron distintos acontecimientos de maltrato y agresiones que padecen durante los traslados debido a su condición, como así también durante las requisas. A su vez, se verifica una sobrerrepresentación de mujeres cis y trans detenidas por infracción a la ley de estupefacientes.
Fuente DIB
