El concejal de Fuerza Patria cuestionó el manejo del aumento de patentes, denunció discrecionalidad en la habilitación de servicios como el gas y la luz, y reclamó respuestas más claras del Ejecutivo municipal ante los pedidos de información de la oposición.
El concejal Hernán Amador del bloque Fuerza Patria habló sobre la actualidad política y social del distrito. Repasó el debate por el aumento en el impuesto automotor, cuestionó la falta de acceso a la información pública por parte del Ejecutivo municipal y denunció un trato desigual en la habilitación de servicios esenciales como el gas y la energía eléctrica.
En una entrevista con La 96.5 dijo:
— ¿Cómo estás viendo la realidad a nivel país y cómo repercute en Trenque Lauquen?
— No somos ajenos a lo que se vive en otros lugares del país, incluso más acuciante, como en el cordón del conurbano. La desocupación está generando una inseguridad cada vez más preocupante. Los vecinos manifiestan que no llegan a fin de mes, y eso empuja a buscar changas o segundos ingresos: vender algo, hacer panificados, salir a trabajar de otra cosa. Eso genera malestar dentro de las familias, porque muchos trabajan todo el día y aun así no les alcanza. Hay que entender que en algún momento se vivió de otra forma, donde con el sueldo se podía disfrutar, llegar a fin de mes e incluso ahorrar para algún bien importante.
— Se generó una fuerte discusión entre oficialismo y oposición por la ordenanza que fija un tope del 34% al aumento de patentes. ¿Cómo evaluás ese debate?
— Cuando llega la ordenanza al Concejo, hacemos el análisis correspondiente. Nuestro planteo fue que llegaba con información a medias: pedían aprobar una reducción sin una explicación clara de por qué se fijaba ese 34%, un número que suponemos relacionado con la proyección de inflación. Faltaba precisar qué proyección hacían sobre cómo iban a quedar las patentes en relación con la impositiva provincial. Pedimos esa información un viernes a la tarde y recién entonces nos mandaron un anexo de más de 160 hojas que, según dijeron, se habían olvidado de adjuntar por una omisión del secretario del Concejo. Lo analizamos ese fin de semana y el lunes, en la comisión, directamente no hubo debate: dijeron que lo iban a votar así.
— ¿Cuál era el problema de fondo con ese tope parejo del 34%?
— Creemos en la progresividad de los impuestos y hacía falta un análisis más exhaustivo, no poner un tope único para todos los valores. No es lo mismo el que tiene un auto modelo 2004 o 2005 que alguien con un vehículo de alta gama del mismo año, que puede valer 30 o 40 millones de pesos. Poner un techo parejo representa unos 650 millones de pesos menos para la comunidad, y eso termina beneficiando a quienes tienen los autos de mayor valor. Había que aplicar un límite más bajo para algunos casos, pero en otros el tope debía ser mayor, como se hizo en otros municipios.
— ¿Por qué creés que no se hizo ese análisis diferenciado?
— No sé si no están analizando bien la situación o si están siendo simplistas. Además, ya había una ordenanza impositiva vigente con la que se debería haber cobrado la primera cuota de patentes, y no se cobró: se esperó a que saliera la nueva ordenanza con el aumento. Eso también generó una demora que perjudicó al municipio.
— ¿Creés que detrás de esta decisión hay una cuestión más ideológica que técnica?
— Sí. Si no creen en la progresividad de los impuestos, es una decisión ideológica, y el Ejecutivo debería sincerarse y decirlo con esos términos, en lugar de plantearlo como una cuestión simplemente técnica. Es una diferencia de fondo con el peronismo y con el progresismo, y hay que explicárselo a la gente en esos términos.
— ¿Considerás que el municipio favorece a los sectores con más recursos a la hora de aplicar estas normas?
— Está claro, y lo venimos diciendo año tras año en cada ordenanza impositiva. Lo planteamos también con la última ordenanza de habilitación de gas para un loteo, que no acompañamos, porque se habilitó sin que la mayoría tuviera las tasas municipales al día. A los vecinos del Aramendi les dijeron que no podían acceder al gas porque algunos debían tasas municipales, y a los vecinos de Beruti les pasó lo mismo por dos vecinos con deuda. Sin embargo, en otras situaciones similares sí lo habilitaron. Es una discrecionalidad que genera malestar en la comunidad, y que también marcamos en su momento con los subsidios: hicimos una denuncia grave, el municipio hizo una investigación interna y la archivó.
SIN INFORMACIÓN PÚBLICA
— También plantearon problemas para acceder a información pública, incluso siendo ediles de la oposición. ¿Qué está pasando?
— Es algo recurrente. Muchas veces las respuestas que recibimos son simplistas. Por ejemplo, preguntamos en qué se está trabajando respecto del sector industrial planificado del 30 de Agosto, que es una demanda importante para esa comunidad, y la respuesta fue que hay un privado trabajando en eso. Esa no es una respuesta: el Estado tiene que tener su propia planificación y proyección, más allá de lo que haga un privado.
— Mencionaste también la situación del canal a cielo abierto cerca del ex frigorífico Indio Pampa. ¿Qué reclamaron ahí?
— Presentamos un pedido de informe porque ese canal recibe el desagüe del Barrio Parque, de Barrio Alegre y del sector de calle Lagos, y termina en el Parque Pastor. Ante un requerimiento de un privado para lotear, se rompieron los últimos 100 metros del canal, presuntamente porque invadía la vereda del loteo. Hasta ahora no tenemos respuesta oficial, y en las últimas lluvias el agua se estranguló justamente en ese tramo. Hace más de dos meses que esperamos el informe. Preferimos actuar con la información en la mano antes que hacer un video escandaloso, porque tratamos de no ser sensacionalistas.
DISCAPACIDAD Y ACCESO A SERVICIOS ESENCIALES
— ¿Qué se trató en la última sesión del Concejo Deliberante?
— No hubo grandes temas de los despachos de comisión, aunque se sigue trabajando mucho puertas adentro. Sí ingresaron proyectos vinculados a un abordaje integral de la discapacidad en Trenque Lauquen, que abarca la atención, el acceso y otros aspectos, y que buscamos discutir en la próxima comisión para lograr un marco legal que articule todos los espacios comunitarios.
— También pusieron en discusión una ordenanza de 1994 vinculada al acceso a la energía eléctrica. ¿De qué se trata?
— Es la ordenanza 921 del 94. Cuando un vecino va a la cooperativa eléctrica a pedir el servicio, le exigen una certificación municipal de domicilio, y para conseguirla el municipio pide el libre de deuda del inmueble. Eso está generando una restricción real para que muchos vecinos accedan a un servicio esencial como la luz. Antes se buscaban alternativas para que alguien con tasas atrasadas igual pudiera regularizar su situación; hoy eso no está pasando, y nos llegan vecinos que directamente no pueden acceder a la electricidad.
Hernán Amador: “Hay una clara intención de beneficiar a algunos sectores”
El concejal de Fuerza Patria cuestionó el manejo del aumento de patentes, denunció discrecionalidad en la habilitación de servicios como el gas y la luz, y reclamó respuestas más claras del Ejecutivo municipal ante los pedidos de información de la oposición.

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